Spanish Real Estate. 14/12/2010
El portavoz de Vivienda de CiU, Pere Macias, defenderá la moción consecuencia de interpelación que hace dos semanas dirigió al ministro de Fomento, José Blanco, solicitando que modifique la legislación hipotecaria y procesal a este fin.
Aunque Blanco se mostró "abierto a estudiar" algunas de las propuestas de CiU, el Gobierno y el Grupo Socialista han remarcado que "bajo ningún concepto" está dispuesto a evaluar "ni mucho menos aplicar" esta idea.
Otra de las ideas que defenderá Macías es que el Gobierno promueva medidas para que la concesión de hipotecas vaya acompañada de seguros de protección de pagos, con el fin de evitar desahucios.
El texto propone esta actuación, "sin que suponga una elevada carga económica para el prestatario", para cubrir posibles situaciones de desempleo o incapacidad temporal del hipotecado.
En declaraciones a Europa Press, Macías ha añadido que en el caso de viviendas de protección oficial, el coste del seguro debería ser asumido por la administración.
La federación nacionalista también propone seguros de tipos de interés, y seguros de crédito hipotecario para ampliar la oportunidad de adquirir una vivienda a personas que tengan poco ahorro previo.
Asimismo, CiU pide modificar la ley para incrementar las cuantías inembargables de salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente de los deudores que no puedan hacer frente a la hipoteca, y que se tengan en cuenta aspectos como el número de hijos de la unidad familiar.
Otras propuestas de CiU se refieren a fomentar la mediación entre banca y familias en caso de impago para evitar desahucios, con fórmulas como permanecer en alquiler pese a perder la propiedad del piso.
También insta a crear un nuevo sistema de ayudas públicas para la subvención de tipos de interés de préstamos hipotecarios, con fórmulas de retorno de las ayudas cuando se modere el sobreendeudamiento de las familias afectadas. Macías ha destacado que para reducir la proliferación de desahucios por la crisis, se debe "unificar el comportamiento en relación a la ejecución de hipotecas", en vez de que cada entidad financiera busque sus propias fórmulas. En el caso de viviendas de alquiler, plantea crear un fondo para atender impagos del arrendamiento, financiado por el Estado y gestionado por las comunidades autónomas, y también con fórmula de retorno cuando los beneficiarios superen la situación de necesidad.
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