Andalucía prepara un protocolo para actuar sobre las viviendas ilegales

EL MUNDO 04/01/2011
Andalucía prepara un protocolo para actuar sobre las miles de viviendas ilegales que pueblan su geografía por encontrarse en suelos no urbanizables, en zonas rústicas, áreas protegidas o por invadir la zona delimitada por la Ley de Costas.

Al no existir un censo de viviendas al margen de la legalidad, una de las principales funciones de la futura norma será delimitar qué viviendas podrían ser legalizadas -si acaban cumpliendo los requisisitos- y acabar formando parte de planes de ordenación municipales; aquellas que podrán coexistir con las viviendas regulares, y, finalmente, cuáles deberán ser demolidas. En este último apartado se incluirían las levantadas sobre suelo especialmente protegido o que se saltaron las normativas de medio ambiente y las que incumplen la Ley de Costas.

La norma que prepara la consejería de Obras Públicas andaluza tendrá que hacer frente a la diversidad de casos que se amontonan en la región. Desde urbanizaciones sin canalizaciones de Chiclana a las casetas de huerta convertidas en chalés a las afueras de Málaga y las casas en poder de ciudadanos británicos amenazadas de derribo. O las más de 10.000 viviendas no legalizadas que se calcula que existen en la comarca malagueña de La Axarquía.

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobada en 2003, limita, por ejemplo, la construcción de viviendas en suelos agrícolas o rústicos a terrenos superiores a 25.000 metros cuadrados, con unas limitaciones de superficie y uso, ya que deberán estar destinadas y acondicionadas para las labores ganaderas, agrícolas o forestales.

La futura norma, que podría tendría como máxima que los promotores de las viviendas o sus actuales propietarios se hagan cargo de adaptar las viviendas a la legalidad, por ejemplo, corriendo con los gastos asociados a las infraestructuras básicas como canalizaciones de agua y otros suministros.