EL PAÍS/Madrid -10/12/2010
Los promotores de vivienda no tendrán que ceder el 20% del suelo que desarrollen a la Comunidad de Madrid, según explicó ayer Ana Isabel Mariño, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. La responsable regional precisó ayer en la Asamblea que con esta medida "se elimina un impuesto revolucionario del 20% al suelo y a los promotores".
Mariño afirmó que la medida persigue impulsar el sector inmobiliario. "Supondrá una rebaja del 17% en el precio del suelo", señaló en la Cámara regional. Para hacerlo el Grupo Popular presentará una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que ya recoge otras seis modificaciones a la Ley del Suelo. Se trata de la enésima alteración de la citada norma que hace el Gobierno regional en los últimos años. La consejera quiso explicar los últimos cambios. Además, de eliminar a partir de ahora las redes supramunicipales (la cesión del 20% por promotores de vivienda a la Comunidad de Madrid para destinarlos a infraestructuras, carreteras u otros fines sociales) la principal reforma permitirá a la Comunidad de Madrid liberalizar los terrenos que ha obtenido hasta ahora por este cauce. Cerca de 16 millones de metros cuadrados que habían cedido los promotores pasarán a ser considerados patrimoniales. El Gobierno regional podrá venderlos para financiarse y hacer negocio con ellos. Mariño, sin embargo, insiste en que su idea es construir en estos terrenos viviendas del Plan 45.000, un proyecto para crear un parque de viviendas en alquiler, junto a la iniciativa privada, para colectivos necesitados.
El diputado socialista, Antonio Fernández Gordillo, no ve con buenos ojos la iniciativa del Ejecutivo regional. "Va a modificar la Ley del Suelo por un procedimiento excepcional, desvirtuando el fin de las cesiones de este suelo público para hacer caja". El parlamentario socialista considera que estos cambios podrían "abrir la puerta a un fantástico carajal con litigios de todo tipo sobre estos suelos". Gordillo agregó que la modificación que hace el Gobierno regional "prevé la posibilidad de que pueda vender suelos que adquirió gratis para vivienda protegida y equipamientos". Por su parte, el portavoz regional de IU, Gregorio Gordo, se sumó a las críticas: "A lo largo de estos cuatro años, mediante sucesivas leyes de acompañamiento, decreto, ordeno y mando, ha conseguido sus objetivos: liberalizar todo el suelo y desregularizar sus mecanismos de creación, gestión y control".
Los promotores de vivienda no tendrán que ceder el 20% del suelo que desarrollen a la Comunidad de Madrid, según explicó ayer Ana Isabel Mariño, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. La responsable regional precisó ayer en la Asamblea que con esta medida "se elimina un impuesto revolucionario del 20% al suelo y a los promotores".
Mariño afirmó que la medida persigue impulsar el sector inmobiliario. "Supondrá una rebaja del 17% en el precio del suelo", señaló en la Cámara regional. Para hacerlo el Grupo Popular presentará una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos que ya recoge otras seis modificaciones a la Ley del Suelo. Se trata de la enésima alteración de la citada norma que hace el Gobierno regional en los últimos años. La consejera quiso explicar los últimos cambios. Además, de eliminar a partir de ahora las redes supramunicipales (la cesión del 20% por promotores de vivienda a la Comunidad de Madrid para destinarlos a infraestructuras, carreteras u otros fines sociales) la principal reforma permitirá a la Comunidad de Madrid liberalizar los terrenos que ha obtenido hasta ahora por este cauce. Cerca de 16 millones de metros cuadrados que habían cedido los promotores pasarán a ser considerados patrimoniales. El Gobierno regional podrá venderlos para financiarse y hacer negocio con ellos. Mariño, sin embargo, insiste en que su idea es construir en estos terrenos viviendas del Plan 45.000, un proyecto para crear un parque de viviendas en alquiler, junto a la iniciativa privada, para colectivos necesitados.
El diputado socialista, Antonio Fernández Gordillo, no ve con buenos ojos la iniciativa del Ejecutivo regional. "Va a modificar la Ley del Suelo por un procedimiento excepcional, desvirtuando el fin de las cesiones de este suelo público para hacer caja". El parlamentario socialista considera que estos cambios podrían "abrir la puerta a un fantástico carajal con litigios de todo tipo sobre estos suelos". Gordillo agregó que la modificación que hace el Gobierno regional "prevé la posibilidad de que pueda vender suelos que adquirió gratis para vivienda protegida y equipamientos". Por su parte, el portavoz regional de IU, Gregorio Gordo, se sumó a las críticas: "A lo largo de estos cuatro años, mediante sucesivas leyes de acompañamiento, decreto, ordeno y mando, ha conseguido sus objetivos: liberalizar todo el suelo y desregularizar sus mecanismos de creación, gestión y control".
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