La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias para esclarecer si, como denunció la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los notarios y los registradores cobran de más a quienes quieren cancelar su hipoteca.
Así lo ha informado el Ministerio Público, que en una nota de prensa explica que, una vez recibida la denuncia de la OCU, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha ordenado al fiscal de sala delegado para la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, José María Paz Rubio, la apertura de diligencias informativas.
El 6 de septiembre, la OCU dio a conocer las conclusiones de un análisis sobre las minutas que los notarios y registradores cobran a los consumidores por la cancelación de su hipoteca. En este informe, señalaban que "cobran de más" a sus clientes, "ignorando las tarifas aplicables al caso".
La asociación anunció que se había dirigido al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Fiscalía "ante la gravedad de los hechos". Pidió que estas instancias requieran al colectivo de notarios y registradores la revisión de todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007 y la devolución, en su caso, de las cantidades "indebidamente cobradas a los clientes".
Las facturas remitidas por los propios socios de la OCU sirvieron como muestra del estudio y el 92% de las mismas, según la asociación, revelaba "prácticas ilegales". La organización extrapoló esos datos a las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010 y calculó que notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones en un solo año. Asunto que tanto notarios, como registradores niegan.
El 6 de septiembre, la OCU dio a conocer las conclusiones de un análisis sobre las minutas que los notarios y registradores cobran a los consumidores por la cancelación de su hipoteca. En este informe, señalaban que "cobran de más" a sus clientes, "ignorando las tarifas aplicables al caso".
La asociación anunció que se había dirigido al Ministerio de Justicia, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Fiscalía "ante la gravedad de los hechos". Pidió que estas instancias requieran al colectivo de notarios y registradores la revisión de todas las facturas relacionadas con cancelaciones hipotecarias desde diciembre de 2007 y la devolución, en su caso, de las cantidades "indebidamente cobradas a los clientes".
Las facturas remitidas por los propios socios de la OCU sirvieron como muestra del estudio y el 92% de las mismas, según la asociación, revelaba "prácticas ilegales". La organización extrapoló esos datos a las 372.042 cancelaciones de hipotecas sobre vivienda realizadas en 2010 y calculó que notarios y registradores podrían haber cobrado de forma indebida a sus clientes hasta 93 millones en un solo año. Asunto que tanto notarios, como registradores niegan.
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